Santo Domingo.- La Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios (ANIMPA) manifestó su profunda preocupación frente al proyecto de modificación de la Ley núm. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, actualmente en conocimiento de la Cámara de Diputados. La institución alertó de que los efectos económicos de esta reforma repercutirán de manera directa en la producción agropecuaria, la competitividad empresarial y el costo de los alimentos.
Un análisis técnico comparativo realizado por la entidad que evalúa la Ley 225-20, la Ley 98-25 y el nuevo proyecto aprobado por el Senado— revela incrementos significativos en las contribuciones especiales. En algunos renglones empresariales, los aumentos acumulados superan el 1,000 % respecto a la legislación original, estableciendo una contribución máxima que alcanzaría los RD$3,000,000 anuales.
Al respecto, Pablo Trinidad Escalante, actual presidente de ANIMPA, advirtió que la evaluación de esta pieza legislativa no puede limitarse a la simple recaudación. «Los importadores y distribuidores de insumos agrícolas constituimos un eslabón fundamental para la producción nacional. Cuando aumentan desproporcionadamente los costos operativos de las empresas que abastecenagroinsumos, fertilizantes y semillas, ese incremento termina reflejándose en toda la cadena productiva, limitando la capacidad de inversión de nuestros productores», explicó Animpa.
Escalante enfatizó que, en un contexto donde los productores ya enfrentan altos costos de energía, transporte y materias primas, imponer nuevas cargas económicas pone en riesgo la estabilidad alimentaria del país.