Santo Domingo .- El abogado y consultor en materia de cumplimiento penal Babaji Cruz Peñaló planteó al Senado de la República que cualquier extensión del plazo para aplicar el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas debe acompañarse de cambios legales y medidas concretas que garanticen su aplicación efectiva.
En una comunicación dirigida al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, Cruz Peñaló advirtió que conceder otros 24 meses sin resolver las ambigüedades de la legislación podría conducir a una nueva prórroga sin que las empresas, los fiscales y los jueces estén preparados.
«El tiempo no es el problema. El problema es que lleguemos igual: sin prepararnos ni ocuparnos», sostuvo el especialista en sus observaciones al proyecto de ley depositado por el senador Rafael Barón Duluc Rijo, que propone extender el plazo para la entrada en vigor de los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley 74-25, que instituye el Código Penal dominicano.
Cruz Peñaló indicó que no se opone a una nueva extensión, pero considera necesario que esta tenga condiciones verificables y permita completar las reglas pendientes. A su juicio, el país necesita precisar el alcance de la responsabilidad penal empresarial y los criterios para determinar cuándo un programa de cumplimiento es realmente eficaz.
Entre sus principales propuestas figura establecer una lista cerrada de las infracciones penales por las que puede responder una empresa. Según explicó, la redacción actual deja abierto el catálogo de delitos atribuibles a las personas jurídicas, lo que obliga a cada organización a interpretar cuáles riesgos debe incluir en su programa de cumplimiento.
El abogado también propone armonizar el Código Penal con los regímenes especiales que regulan materias como contratación pública, lavado de activos, medio ambiente y delitos tecnológicos. La falta de coordinación, advirtió, podría generar incertidumbre sobre cuáles disposiciones continúan vigentes y cómo se relacionan con el nuevo régimen penal.
Otro punto señalado es la necesidad de aclarar qué leyes y disposiciones quedan derogadas. Cruz Peñaló sostuvo que la redacción de los artículos 391 y 392 del Código Penal no permite identificar con suficiente precisión cuáles normas especiales se mantienen vigentes y cuáles resultan incompatibles con el nuevo código.
Para el especialista, estas indefiniciones tienen consecuencias sobre la seguridad jurídica, pues las empresas deben conocer de antemano las obligaciones que deben cumplir y las conductas por las que podrían ser sancionadas.