Santo Domingo.- Con ocasión de la campaña de presión mediática que ha desplegado el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral, para que el Banco Central de la República Dominicana le pague USD5.0 millones de dólares, en base a una sentencia que no posee el carácter definitivo con autoridad de cosa juzgada; decisión que está siendo recurrida ante el Pleno de la Suprema Cortede Justicia por un equipo de abogados de incuestionable calidad moral y profesional, a continuación se presenta una resumida reseña de los reales hechos fácticos y procesales acontecidos en torno a este caso.
Intentar ejecutar, mediante embargos retentivos, una sentencia que no es definitiva, no solo constituye un desconocimiento arbitrario del ordenamiento jurídico dominicano, sino también un uso abusivo e irresponsable de las vías de derecho, a lo que se agrega-en este caso- una manipulación inaceptable de la opinión pública nacional, los medios de comunicación y las diferentes plataformas de redes sociales, pues se les engaña al vender la falsa idea de que una sentencia que es legalmente impugnable ya constituye un crédito a favor de ese grupo de ingenieros.